Sí, habría que decir algo de lo que ocurrió esta semana en Guatemala, de las manifestaciones de poder económico y político de quienes lo tienen. Esos poderes que, como está visto, ya no van de la mano: sólo se la dan para echarse un pulso y, de paso, mediatizan a una población hambrienta de justicia, harta de abusos. Y me encantaría extenderme acerca de la prepotencia desplegada por el vicepresidente, el otro día en el aeropuerto. Según dicen, Reyes López se negó a pagar cien dólares, más 10% de IVA, por exceso de equipaje e hizo berrinche hasta que la línea aérea le perdonó el pago. Pero no. Hoy quiero decir algo sobre otro abusivo.
El presidente George W. Bush nunca habría podido imponer ciertas medidas en su país pues, de haberlo intentado, el pueblo estadounidense le habría caído encima con todo el peso de la Constitución. Entonces, como no puede en su propio suelo, de un plumazo amordazó al resto del mundo.
Al tomar posesión de su cargo, Bush Junior reinstauró la "Política de la Ciudad de México", una regla de obstrucción global también conocida como "ley mordaza", que fue instituida en 1984 por Ronald Reagan y posteriormente rescindida por Clinton. Según esa ley, ninguna organización extranjera que reciba fondos federales estadounidenses podrá hablar sobre el aborto, ni siquiera para promover la prevención de éste, aun cuando para ello utilice fondos privados recibidos de cualquier otra fuente.
Si una organización en algún lugar del resto del mundo recibe fondos, digamos, de USAID y no quiere que le retiren ese financiamiento, no podrá realizar debates públicos, reuniones, manifestaciones masivas, marchas o algún evento, por cualquier medio, para abogar por una legislación más justa y menos restrictiva sobre el aborto; no podrá publicar o difundir información veraz sobre éste, ni expresar una opinión acerca del aborto que contravenga la postura oficial del actual gobierno estadounidense. Ésas, entre muchas otras restricciones. Si yo recibiera un centavo de USAID, este artículo nunca sería publicado.
El silencio sobre cualquier mal que afecte a la humanidad (uno de ellos, la falta de acceso de las mujeres a métodos anticonceptivos seguros y de bajo costo) nunca ha contribuido a mejorar nada. Hablar sobre el aborto no significa promoverlo, sino ayudar a las mujeres y las parejas a prevenirlo, para que su familia sea del tamaño que puedan sostener, de acuerdo a sus propias posibilidades.
Si no fueran eficaces las campañas de prevención, los ministerios de salud no hablarían sobre las enfermedades diarreicas que matan durante la infancia, ni sobre el dengue o la hepatitis. Entonces, ¿por qué no asumir una actitud similar en la prevención de embarazos no deseados?
Es necesario decir que la "ley mordaza" no les tapa la boca a quienes despotrican contra el aborto, cerrando los ojos a una dolorosa realidad: el más de medio millón de muertes de mujeres que ocurren cada año en el mundo por causas relacionadas con el embarazo y el parto, entre éstas los abortos realizados en condiciones insalubres. A esa gente se le respeta su derecho a oponerse al aborto, pero quienes se pronuncian acerca de la mortalidad materna a causa de éste deben cerrar el pico y aguantarse.
En Estados Unidos es obvio el deseo de detener los abusos de Bush. El 1 de agosto, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado votó (12-7) a favor de revocar la "ley mordaza" y por la aprobación de la Ley 2001 de Promoción Global de la Democracia, introducida por la senadora Barbara Boxer y apoyada también por dos republicanos.
Algunos, ésos a quienes les da alergia todo lo que permita a las mujeres ejercer sus derechos constitucionales, han elogiado la inhumana actitud de Bush y sus abusos disfrazados como defensa de la vida. Y lo que están aplaudiendo es que un presidente gringo pretenda callarnos la boca más allá de sus fronteras.