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Mujeres del Mundo:
Leyes y Políticas que Afectan sus Vidas Reproductivas América Latina y el Caribe
El lunes 20 de noviembre, en un evento de lanzamiento llevado a cabo en San Salvador, el Centro de Derechos Reproductivos y el Instituto de Estudios para la Mujer "Norma Virginia Guirola de Herrera" anunciarán la publicación de un reporte que analiza las circunstancias políticas que rodearon la aprobación en 1998 de una de las leyes de aborto más restrictivas del mundo y documenta casos de mujeres procesadas bajo la nueva ley. El reporte denuncia la violación de los estándares internacionales de derechos humanos que protegen los derechos de la mujer a la vida, la salud, la libertad y la privacidad, por parte del gobierno salvadoreño, y hace fuertes recomendaciones para la reforma de la ley.
En abril de 1998, la modificación a la ley sobre aborto de El Salvador entró en vigencia, penalizando el aborto sin excepciones. La legislación penal salvadoreña no admite el aborto ni siquiera para salvar la vida de la mujer embarazada ni cuando el embarazo resulta de violación o incesto. En esta revisión al Código Penal también se aumentaron las penas a los proveedores del aborto y a cualquier mujer que se lo practique, las cuales ahora van entre dos y 12 años. En este esfuerzo por restringir el derecho de la mujer al aborto, la Constitución de El Salvador también fue reformada en enero de 1999, consagrando expresamente la protección del derecho a la vida desde el momento de la concepción.
En este reporte, Perseguidas: proceso político y legislación sobre aborto en El Salvador: un análisis de derechos humanos, el Centro de Derechos Reproductivos examina el clima político que llevó a estos infortunados sucesos. El gobierno por ejemplo, no realizó ningùn tipo de análisis de salud pùblica de los efectos que estas nuevas restricciones podrían tener en la vida de las mujeres. El punto de vista de las ONG que se oponían a las medidas antiabortistas no fue tenido en cuenta en el debate. Adicionalmente, las investigadoras descubrieron que la Iglesia Católica en El Salvador jugó un papel activo influenciando políticos con tácticas como el traslado de niños de colegios católicos a la capital para llevar a cabo protestas en contra del derecho a la libertad reproductiva.
"El debate sobre el aborto en El Salvador no tuvo en cuenta el efecto de esta legislación en la vida de las mujeres", dice la abogada Luisa Cabal, "al continuar negándoles sus derechos reproductivos, las mujeres en El Salvador siguen siendo ciudadanos de segunda categoría".
El reporte examina cómo ha sido la implementación de las nuevas restricciones por parte de las autoridades judiciales. En los 16 meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley, 69 casos relacionados con abortos ilegales fueron abiertos. La vasta mayoría de ellos involucran a mujeres pobres y jóvenes sin más educación que la escuela primaria. Los métodos usados para inducir abortos incluyen el uso de ganchos para la ropa, altas dosis de píldoras anticonceptivas, antiácidos, líquidos cáusticos y píldoras de cytotec. En 23 de estos casos, las mujeres fueron denunciadas a la policía por el personal de los hospitales cuando llegaban en bùsqueda de atención médica después de sufrir abortos incompletos.
- La tasa de mortalidad materna en El Salvador es una de las más altas de la región - 300/1000,000 nacimientos y en 1995 80% de estas muertes tuvo el embarazo como causa (Banco Mundial).
- La tasa de fertilidad de las adolescentes en 1998, fue de 107 por cada mil mujeres con edades entre 15 y 19 años, una de las tasas más altas en América Latina (Banco Mundial). Se estima que cerca de 42% de las mujeres salvadoreñas han tenido su primer hijo antes de cumplir los 20 años (Ministerio de Salud de El Salvador).
- La tasa de analfabetismo en 2000 fue de 23.8% de mujeres y 18.3% de hombres (UNSTATS).
- Aunque no existen estadísticas disponibles para El Salvador, un reporte reciente enviado por el Centro de Derechos Reproductivos a las Naciones Unidas, estima que en Chile, un país con una ley de aborto similar en su restrictividad, 35% de los embarazos (ó 160.000 al año) terminan en abortos ilegales. De la misma manera, un estudio en Colombia que también cuenta con una legislación similar, mostró que la tercera parte de las mujeres entre 15 y 55 años han tenido por lo menos una experiencia de aborto inducido.
Las investigadoras del Centro de Derechos Reproductivos recibieron una invaluable colaboración de sus colegas de CEMUJER en El Salvador, una organización salvadoreña de mujeres que trabaja en el tema de derechos reproductivos, así como de otros muchos preocupados por el impacto de la ley.
Copias de este reporte pueden ser obtenidas en el Centro de Derechos Reproductivos o en CEMUJER.
