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El Gobierno Mexicano violó los derechos de Paulina Ramírez, una adolescente mexicana, al haberle negado su derecho a un aborto con base en las creencias personales y religiosas de agentes estatales. Dichas violaciones son denunciadas en la petición que será presentada el viernes 8 de marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el Centro de Derechos Reproductivos, y las organizaciones mexicanas Alaide Foppa y Epikeia. En México el aborto en casos de violación es legal en el primer trimestre del embarazo, pero es casi imposible de obtenerlo debido a la falta de reglamentación que permite el abuso de autoridad a los funcionarios públicos.

"Con este caso queremos asegurarnos que se haga justicia para Paulina, cuyos derechos han sido gravemente violentados, así como exigir al Gobierno Mexicano que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, aún cuando sean contrarias a la moral católica" dijo Katherine Hall Martínez, Subdirectora del Programa Internacional del Centro de Derechos Reproductivos .

Paulina, cuyo caso ha alcanzado atención internacional, tenía 13 años de edad en julio de 1999 cuando fue violada por unos drogadictos que irrumpieron en su casa en Baja California. A pesar de tener derecho a que se le practicara un aborto, agentes públicos y médicos del servicio de salud del Estado le impidieron ejercer su decisión de interrumpir el embarazo a través amenazas y presiones, proporcionándole información errada y abusando de su autoridad.

Durante un periodo de dos meses, Paulina fue presionada coaccionada a desistir de su decisión por activistas anti-elección quienes, sin autorización, la visitaron en el hospital donde se encontraba interna. El Procurador de Justicia del Estado llevó a Paulina y a su madre en su vehículo oficial a visitar a un sacerdote, quien les advirtió que la Iglesia Católica considera que el aborto es un pecado para que se desistiera de abortar. Finalmente, el médico disuadió a Paulina y a su madre haciéndolas creer erróneamente que podía morir o quedar estéril como consecuencia de este procedimiento.

Los peticionarios buscan que México reconozca su responsabilidad internacional por la violación de los derechos de Paulina a una protección judicial, a su autonomía reproductiva y a su intimidad. Asimismo buscan que el Gobierno Mexicano garantice el ejercicio del derecho a un aborto legal a las víctimas de violación. Finalmente buscan una indemnización para Paulina y su familia y proponen al gobierno que promulgue regulaciones que establezcan el uso de la anticoncepción de emergencia para las víctimas de violación dentro de los servicios médicos básicos.

Las negociaciones con el Gobierno Mexicano empezarían una vez que la Comisión Interamericana declare admisible la petición. Si los esfuerzos de negociación llegaran a fracasar, el caso podría ser enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.