Hoy, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU) decidió su primer caso de aborto, KL v. Perú. La decisión establece que negar el acceso al aborto legal viola los derechos humanos más básicos de las mujeres. Es la primera vez que un organismo internacional de derechos humanos ha responsabilizado a un gobierno por no haber asegurado el acceso a servicios de aborto legal. El Comité de Derechos Humanos monitorea el cumplimiento por los países del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

"Estamos satisfechas de que el CDHNU haya resuelto en favor de proteger los derechos humanos más esenciales de las mujeres", dice Luisa Cabal, Directora de Programa Legal Internacional del Centro de Derechos Reproductivos. "Cualquier mujer que viva en uno de los 154 países que son parte de este tratado tiene ahora una herramienta legal para utilizarla en defensa de sus derechos. Esta resolución establece que no basta con garantizar un derecho en el papel. Allí donde el aborto es legal, el deber del gobierno es asegurar que las mujeres tengan acceso a él."

La defensa del caso la llevaron el Centro de Derechos Reproductivos, el Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y el Centro de Asesoría Legal para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (DEMUS) representando a KL, una joven mujer peruana que fue obligada por funcionarios estatales a llevar a término un feto con malformaciones fetales, que sólo sobreviviría pocas horas o días después de nacer. El embarazo puso gravemente en peligro su salud física y psicológica.

En 2001, KL, una mujer peruana de 17 años, tenía catorce semanas de embarazo cuando médicos de un hospital público en Lima diagnosticaron al feto con anencefalia, una anomalía fatal en la que el feto carece de gran parte o la totalidad del cerebro anterior. Después de reflexionar y consultar con su conciencia, KL decidió interrumpir su embarazo. El aborto es legal en Perú por razones terapéuticas, no obstante nunca se han llegado a aprobar reglamentaciones claras, por lo que las mujeres cuya salud corre peligro a causa de este tipo de embarazos quedan a merced de los funcionarios públicos. A KL el director del hospital le negó el acceso al procedimiento y fue obligada a llevar el feto a término. Los cuatro días que su hija sobrevivió, se le obligó a amamantarla.

"Muchas mujeres en todo el mundo enfrentan barreras al aborto incluso cuando es legal", dice Lilian Sepúlveda, Asesora Legal para América Latina y el Caribe en el Centro de Derechos Reproductivos. "Proveedores que se niegan a prestar servicios, restricciones a las clínicas, periodos de espera, altos costos de los servicios, autorización de los esposos y los padres, todas son barreras para acceder al aborto legal. Negar a las mujeres el acceso a servicios básicos de salud reproductiva es una violación de sus derechos humanos. Finalmente hay una resolución del derecho internacional de los derechos humanos que responsabiliza a los gobiernos cuando violan los derechos reproductivos de las mujeres."

La resolución establece específicamente violaciones al derecho a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la intimidad, a la protección especial de los derechos del menor. Y ordena al gobierno peruano la reparación del daño causado a KL y que apruebe las reglamentaciones necesarias para garantizar el acceso al aborto legal.