Washington, DC. – El 8 de marzo del presente año, el Centro de Derechos Reproductivos y sus socias en México, Alaíde Foppa y GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida), llegaron a un acuerdo amistoso con el gobierno mexicano en un caso presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Centro de Derechos Reproductivos y la organización Alaíde Foppa llevaron el caso en nombre de "Paulina", una adolescente que fue violada a los 13 años y a la que se negó un aborto debido a las creencias personales y religiosas de autoridades judiciales y de salud en el estado mexicano de Baja California, donde vivía Paulina. Aunque el aborto en el primer trimestre es legal en casos de violación en todo México, es casi imposible tener acceso al procedimiento a causa del vacío reglamentario que permite a los funcionarios públicos abusar de su autoridad.

Además de otorgar una indemnización monetaria, el gobierno mexicano y las autoridades estatales harán cambios a la legislación para reglamentar el acceso a la interrupción de embarazo en caso de violación. El gobierno también aceptó brindar a Paulina y su hijo una importante compensación para atención a la salud, educación y desarrollo profesional.

"Esta es la victoria legal más importante para las mujeres en México en la última década", declara Luisa Cabal, Directora del Programa Internacional del Centro de Derechos Reproductivos. "Es la primera vez que un estado latinoamericano ha reconocido que el acceso al aborto legal es un derecho humano, y ahora el Estado mexicano debe asegurar que este derecho no sea violado".

En noviembre pasado, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió un dictamen en un caso similar en Perú. En este caso, K.L. v. Perú, que también llevó el Centro de Derechos Reproductivos con sus socias, una mujer peruana de 17 años fue obligada a llevar a término un feto con deficiencias mortales a pesar de que, en estas condiciones, la mujer tenía derecho a un aborto. El dictamen sentó el precedente en el derecho internacional de que negar el acceso al aborto legal viola los derechos humanos más básicos de las mujeres.

"El caso Paulina es emblemático. Son muchas las mujeres en América Latina que enfrentan barreras al aborto incluso cuando es legal", declara Lilian Sepúlveda, Asesora Legal para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. "Este acuerdo es otro paso adelante en el derecho internacional. Los estados tienen la clara obligación de garantizar que no se restrinjan los derechos de las mujeres –incluido su derecho a un aborto sin riesgos- a capricho de los funcionarios públicos."