Aunque la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció el derecho a optar por el aborto en el dictamen Roe v. Wade hace unos 20 años, y parcialmente reafirmó ese derecho en junio de 1992 en el caso Planned Parenthood v. Casey, la Corte ha permitido que los estados restrinjan significativamente la capacidad de las mujeres jóvenes para obtener servicios de aborto. En la actualidad, más de la mitad de los estados en este país están implementando leyes que obliguen a una mujer joven que desee tener un aborto a notificar u obtener un consentimiento escrito de su madre o su padre, o de ambos, previo al procedimiento. Algunos estados también imponen un retraso obligatorio de 24 horas o más después de que la notificación ha sido dada. En momentos en que la tasa de embarazos en la adolescencia continúa aumentando en los Estados Unidos, las leyes sobre participación parental obligatoria niegan efectivamente a las mujeres jóvenes el acceso a toda la gama de opciones reproductivas.

Los simpatizantes de la participación parental obligatoria aseguran que tales medidas protegerán la salud y promoverán los mejores intereses de las mujeres jóvenes, además de mejorar la comunicación familiar. En realidad, estas leyes amenazan la salud y el bienestar de las mujeres jóvenes. Si bien el aborto es uno de los procedimientos quirúrgicos más seguros, los riesgos y gastos médicos del aborto aumentan significativamente después del primer trimestre. Las leyes sobre participación parental obligan a las mujeres jóvenes que pueden cumplir los requerimientos de notificación u adquisición de consentimiento a retrasar la obtención de cuidados médicos apropiados. Para aquéllas que temen las consecuencias de que sus madres y padres se enteren de su embarazo o de su decisión de abortar, los retrasos resultantes pueden ser mucho mayores conforme ellas buscan la aprobación de una corte o viajan fuera de su estado para obtener un aborto. Algunas mujeres jóvenes, al no poder cumplir o al evitar los requerimientos de la ley, intentarán inducirse un aborto o buscarán procedimientos ilegales peligrosos. Otras se verán forzadas a llevar a término un embarazo no deseado.

Algunos proponentes de la participación parental promueven el requerimiento de notificación en lugar de la obtención de consentimiento para dar la impresión de que apoyan las necesidades de salud y las circunstancias familiares de las mujeres jóvenes. Sin embargo, para la inmensa mayoría de ellas, la notificación y la obtención de consentimiento son esencialmente lo mismo. Si una joven teme hablar sobre su embarazo y su decisión de interrumpirlo con su madre o padre, no existe diferencia entre tener que "decirles" a sus padres o estar obligada a obtener su consentimiento para llevar a cabo el procedimiento. Más aún, en la mayoría de los casos, la notificación obligatoria presenta tanto peligro como el consentimiento obligatorio. Un padre o una madre que se opone a que su hija aborte puede impedirle que obtenga el cuidado médico que necesita aun cuando el consentimiento no sea obligatorio.

Indiferentemente de los mandatos estatales que obligan a revelar la gestación, la mayoría de las mujeres jóvenes habla sobre su embarazo y su decisión de interrumpirlo por lo menos con uno de sus padres; los estudios muestran que mientras más joven es la mujer, más probable es que involucre a sus padres en su decisión. Adicionalmente, ya sea que por ley estén obligados o no a hacerlo, los proveedores de cuidados de salud, rutinariamente, le sugieren a la joven que, de ser posible, involucre a sus padres. Cuando las mujeres jóvenes evitan la participación parental en su decisión de abortar, su elección suele tener una buena justificación. Aun en las mejores circunstancias, la comunicación franca sobre la sexualidad y los asuntos reproductivos podría no existir en las familias. Los requerimientos de notificación y consentimiento obligatorios no son medios efectivos para alentar una discusión más abierta y, de hecho, pueden dañar las relaciones entre los miembros de una familia.

En aquellas familias donde las relaciones abusivas u otros problemas impiden una buena comunicación entre los padres y sus hijas adolescentes, las discusiones ordenadas por el estado pueden exacerbar los conflictos existentes. Particularmente en el caso de adolescentes maltratadas o sobrevivientes de incesto, las leyes sobre participación parental obligatoria incrementan los riesgos en una situación que ya es peligrosa. La violencia doméstica afecta hasta a cuatro millones de mujeres cada año en los Estados Unidos. El 55% de las niñas y los niños, en familias donde una mujer adulta es maltratada, también sufre violencia física. Adicionalmente, una de cada cinco niñas es abusada sexualmente — y muchas quedan embarazadas. El temor a sufrir violencia adicional puede impedir que estas jóvenes informen a sus madres o padres acerca de su decisión de abortar.

Las leyes sobre participación parental tampoco reconocen que muchas mujeres jóvenes viven en situaciones familiares no tradicionales— viven con una madre o un padre, con madrastras o padrastros, con otros parientes, o solas. En tales casos, las leyes que las obligan a contactar a su madre y su padre biológicos les dificultan, o les imposibilitan, obtener servicios de aborto. Además, numerosas mujeres jóvenes involucran a otras personas adultas –abuelas o abuelos, hermanas o hermanos, docentes, trabajadores sociales o a los padres de sus novios– en sus decisiones. Las leyes sobre participación parental estrechamente definidas ignoran la importancia de tales apoyos en las vidas de las jóvenes.

La Corte Suprema ha dictaminado que las leyes que exigen consentimiento parental y notificación a ambos padres podrían ser constitucionales si incluyeran una "alternativa", tal como un procedimiento de autorización judicial, a fin de saltar por encima del requerimiento en el caso de las mujeres jóvenes que no puedan involucrar a sus padres. A fin de obtener una autorización judicial, la joven debe presentarse ante un juez y demostrar que es lo suficientemente madura para tomar la decisión de tener un aborto o que lo más conveniente para ella sería que se le permitiera obtener el aborto sin involucrar a sus padres. El requerirle a una mujer joven que discuta su embarazo y detalles personales de su vida frente a extraños en un tribunal, suma atrasos innecesarios y una mayor tensión. Muchas jóvenes no tienen acceso a transporte para llegar a la corte y se les dificulta tomar tiempo de la escuela o del empleo para presentarse a una audiencia. Aunque la Corte Suprema requiere que los procedimientos de autorización judicial sean confidenciales y expeditos, muchas mujeres jóvenes pueden ver amenazada su confidencialidad, especialmente si viven en áreas rurales o en pequeños pueblos. En algunos casos, los jueces rechazan arbitrariamente las peticiones de las mujeres jóvenes basándose en sus posturas personales acerca del aborto. Si bien es obvio que los médicos son más idóneos que los jueces para considerar las circunstancias que enfrenta una joven embarazada, sólo un puñado de estados permite que un médico pase por alto el requerimiento de la participación parental, si esto no es lo que a ella más le conviene.

A fin de que las mujeres jóvenes puedan obtener los cuidados de salud que necesitan, las leyes sobre participación parental obligatoria debe ser modificadas sustancialmente o revocadas. En lugar de imponer restricciones al acceso de las jóvenes a un cierto procedimiento de cuidados de salud, los formuladores de políticas y defensores deberían trabajar para asegurar que toda la gente joven pueda obtener una educación sexual apropiada y servicios de cuidados de salud integrales y confidenciales.