El derecho de la mujer a decidir si tiene o no un hijo y cuándo tenerlo es la esencia de los derechos reproductivos. Sólo la mujer, al verse enfrentada a un embarazo no deseado, puede decidir si desea continuar o no con su embarazo. Los gobiernos están obligados a respetar este derecho humano básico al asegurarle a la mujer el acceso a una gran variedad de servicios de salud reproductiva de buena calidad, entre éstos el aborto. Los gobiernos no sólo deben eliminar las barreras legales referentes al acceso al aborto sino que, además, deben garantizar que todas las mujeres puedan tener acceso a servicios seguros y de calidad.
Diversas naciones alrededor del mundo han adoptado leyes que protegen el derecho de la mujer a decidir libremente sobre la opción de abortar. Actualmente 62% de la población mundial vive en los 64 países donde el aborto inducido es permitido por una amplia gama de razones o sin ninguna limitación. Otro 38% de la población mundial vive en países donde el aborto puede estar totalmente prohibido o donde está parcialmente permitido siempre que se trate de proteger la vida o la salud de la mujer. A pesar de que en los últimos 20 años se ha visto una clara tendencia hacia la abolición de las barreras legales que prohiben el aborto, el derecho a elegir el aborto aún no existe o está bajo amenaza en muchas partes del mundo.
Debe notarse que aún en aquellos países donde la ley permite el aborto por amplias razones, la decisión de la mujer puede verse afectada por obstáculos en los procedimientos de acceso al aborto. En el mundo entero, tales obstáculos incluyen:
- Consejería obligatoria, que a menudo busca tratar de convencer a la mujer de que no opte por el aborto.
- Periodos de espera, que algunas veces exigen a la mujer esperar varios días antes de que se le pueda practicar un aborto.
- Requisitos de consentimiento y notificación, que obligan a la mujer casada a obtener consentimiento de su esposo o que exigen que una menor de edad notifique u obtenga consentimiento de uno de sus padres antes de poder someterse a un aborto; y
- Restricciones en los anuncios publicitarios sobre el aborto, que le impiden a la mujer obtener la información necesaria sobre los centros que ofrecen servicios de aborto.
Siempre que los gobiernos estén redactando proyectos de ley o reglamentaciones referentes al aborto, éstos deberían incluir dentro de los considerandos una referencia a los derechos humanos de la mujer y, ante todo, una referencia a la autonomía reproductiva de la mujer y a sus derechos a la igualdad y a la salud.
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