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12 Estados solicitan a El Salvador despenalizar el aborto

(COMUNICADO DE PRENSA) Esta semana, durante el Examen Periódico Universal (EPU) realizado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 12 países denunciaron ante este organismo la penalización absoluta del aborto en El Salvador.
 
El EPU es un mecanismo de monitoreo a los países miembros de las Naciones Unidas, el cual busca garantizar que los Estados cumplan sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En sus intervenciones ante el Consejo de Derechos Humanos, los Estados de Australia, Canadá, República Checa, Francia, Alemania, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Eslovenia, España, Suecia y el Reino Unido recomendaron al El Salvador reformar la ley que criminaliza de manera injusta y absoluta el aborto.
 
El Salvador cuenta con una de las leyes más restrictivas de aborto en el mundo. De forma reiterada El Salvador ha ignorado sus obligaciones de garantizar los derechos reproductivos de las mujeres al mantener una legislación que penaliza el aborto en todas las circunstancias. Por más de 16 años, El Salvador ha prohibido todas las formas de aborto y ha encarcelado cientos de mujeres, quienes han sido sentenciadas a varios años de prisión en condiciones deplorables -incluso algunas por perdidas espontaneas de sus embarazos. El Salvador optó por posponer su decisión de aceptar o rechazar las recomendaciones hechas en el EPU por estos 12 países, hasta la próxima sesión, la cual tendrá lugar en marzo del 2015.
 
Nancy Northup, Presidenta del Centro de Derechos Reproductivos afirmó:
 
“La comunidad internacional solicita a El Salvador cada vez con más fuerza poner fin a sus leyes que restringen el aborto de manera absoluta”.
 
“El Estado Salvadoreño no puede seguir ignorando este llamado, y no debe evadir la responsabilidad internacional que surge de las violaciones de derechos humanos que cientos de mujeres siguen sufriendo”.
 
“El acceso legal y seguro a servicios de salud reproductiva, incluyendo el aborto, son un derecho humano, no un crimen”.
 
“Felicitamos a estos 12 países por pedirle a El Salvador que termine su criminalización de servicios reproductivos esenciales para las mujeres y acompañamos los esfuerzos para lograr una reforma legal y justicia para todas las mujeres en el Salvador”.
 
Antes de la revisión del EPU, el Centro de Derechos Reproductivos, junto con su aliado en El Salvador, la Agrupación por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (Agrupación Ciudadana), presentaron un informe al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que establece como la penalización absoluta del aborto en El Salvador pone en grave riesgo la salud y la vida de las mujeres. El informe también condena al Estado Salvadoreño por retrasar el acceso a la atención médica necesaria para salvar la vida a mujeres en estado de embarazo, como el caso de Beatriz, una mujer a la que el embarazo la llevó a una insuficiencia renal, y el caso de Manuela, madre dos hijos, la cual fue condenada por homicidio a una pena de prisión de 30 años cuando en realidad sufrió complicaciones obstétricas. Manuela murió en la cárcel producto de un linfoma no tratado, casi un año después de que la sentencia en su contra fuera emitida. El informe solicita al Estado de El Salvador revisar sus leyes para permitir el aborto en ciertas circunstancias y tomar acciones para prevenir que las mujeres que buscan cuidado de emergencia por complicaciones obstétricas, sean denunciadas ante las autoridades locales por sospecha de haber cometido un aborto.
 
“Esperamos que el Estado de El Salvador no use este tiempo adicional como una táctica para dilatar el proceso de dialogo, sino para revisar las recomendaciones hechas por el EPU y sentar las bases para legalizar el aborto”, dijo Mónica Arango, Directora Regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. “Ahora más que nunca la comunidad internacional debe continuar trabajando y presionando al Estado Salvadoreño para garantizar los derechos reproductivos de las mujeres”.
 
El Centro de Derechos Reproductivos ha trabajado durante más de 12 años en El Salvador para  exponer las consecuencias de la prohibición absoluta del aborto en la vida de las mujeres. Recientemente, el Centro y la Agrupación Ciudadana, publicaron el informe Excluidas, Perseguidas, Encarceladas: El Impacto de la Criminalización Absoluta del Aborto en El Salvador. El reporte documenta las consecuencias de la prohibición del aborto desde una perspectiva de derechos humanos, e incluye las historias de cinco mujeres que fueron injustamente perseguidas por aborto después de sufrir emergencias obstétricas y sin recibir ningún tipo de atención médica. El informe analiza cómo los sistemas de salud, judicial y penitenciario de El Salvador violan los derechos de las mujeres.