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La Organización de Estados Americanos (OEA) afirma que las restricciones del acceso al aborto son una forma de violencia contra las mujeres; hace un llamado a los Estados Miembros para despenalizar el aborto

(COMUNICADO DE PRENSA) Por primera vez, la Organización de los Estados Americanos (OEA) recomendó a todos los Estados Miembros despenalizar el aborto en los casos de violencia sexual e incesto, cuando la salud o vida de la mujer estén en peligro y en los casos en que haya una inviabilidad del feto.

El Comité de la OEA  (MESECVI) que trabaja por la implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará), hizo un llamado a los Estados Miembros para reconocer la violencia contra la mujer como una forma de discriminación basada en género. El Comité solicitó a los Estados Miembros condenar todas las formas de violencia contra la mujer, incluyendo las formas relacionadas con el derecho a la salud reproductiva y el acceso gratuito a servicios médicos para las víctimas de violencia sexual.

Nancy Northup, presidenta y Directora Ejecutiva del Centro de Derechos Reproductivos manifestó:

“La negación del acceso al aborto en condiciones seguras y legales para las mujeres que necesitan interrumpir su embarazo constituye un acto de violencia. Por lo tanto, resulta una medida bastante progresista el hecho de que un  órgano parte de la Organización de los Estados Americanos haga este reconocimiento.”

“Las mujeres a quienes se les niega este servicio esencial de salud enfrentan serios riesgos en la vida y la familia, al verse obligadas a acceder a procedimientos abortivos ilegales e inseguros,”

“Es irrefutable que esta denegación constituye una violación de los derechos fundamentales de las mujeres,”

“Felicitamos las voces progresistas dentro de la OEA por reconocer que el aborto no es un delito y que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres deben ser respetados y protegidos. Seguiremos trabajando para responsabilizar a los Estados ante organismos de derechos humanos para que cumplan con sus obligaciones internacionales de garantizar y proteger el acceso legal y seguro a los servicios de salud reproductiva, como un asunto de derechos humanos en las Américas.”

La Declaración sobre la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes y sus Derechos Sexuales y Reproductivos, aprobada por la OEA esta semana, reconoce específicamente que “la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de sus derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre.” En la Declaración, el Comité reconoce que la discriminación de género y los estereotipos culturales son obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y niñas, incluyendo el acceso a cuidados médicos y recursos legales cuando son sometidas a distintas formas de violencia sexual.   

El MESECVI parte de la OEA le hace seguimiento a la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). La Convención de Belém do Pará, la cual entro en vigor en 1995, define la violencia contra las mujeres en términos amplios y establece las obligaciones de los Estados para prevenir, investigar y castigar las violaciones contra la integridad física, sexual y psicológica; al igual que otros derechos relacionados con la finalidad de eliminar la violencia contra las mujeres. La Declaración resulta una amplia herramienta para promover la incidencia y el litigio de casos en cada país.

El Centro de Derechos Reproductivos ha declarado en contra de la violencia derivada de los abusos a los derechos sexuales y reproductivos. En Septiembre de este año, el Centro testificó junto con diversos activistas y defensoras y defensores de la salud reproductiva y los derechos reproductivos ante el Comité durante el proceso de revisión de la Declaración. A su vez, a principios de este año, el Centro realizó una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre los asuntos relacionados con temas de violencia, discriminación y violaciones a los derechos reproductivos en la República Dominicana. 

De acuerdo con un nuevo informe del Centro, 35 países han cambiado sus leyes para expandir el acceso a servicios de aborto seguro y legal en los últimos 20 años. Una tendencia que ha marcado un amplio progreso para mejorar las vidas y los derechos de las mujeres, y que ha generado una reducción significativa en la mortalidad materna debido a los abortos inseguros. El informe fue publicado en conjunto con el nuevo mapa del Centro de las Leyes sobre Aborto en el Mundo, una de las herramientas más comprensivas sobre la situación legal del aborto alrededor del mundo.