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Cinco Estados recomiendan al Estado de Costa Rica garantizar el acceso a los servicios de salud reproductiva sin discriminación y despenalizar el aborto en los casos de violación ante las Naciones Unidas

El Centro de Derechos Reproductivos junto con la organización aliada local, “Grupo a Favor del In Vitro”, presentaron un reporte ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas en abril de 2014 para la revisión del Examen Periódico Universal (EPU) de Costa Rica. Las organizaciones solicitaron al CDH recomendar al Estado Costarricense: i) tomar las medidas legales necesarias para permitir el acceso a servicios de salud reproductiva de fertilización in vitro (FIV) para parejas infértiles sin ningún tipo de discriminación; ii) el cumplimiento de lo ordenado por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Artavia Murillo y otros v. Costa Rica; y iii) el cumplimiento de Costa Rica frente a sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos humanos, relativas a la garantía de acceso al aborto legal cuando la vida y/o la salud de la mujer se encuentran en riesgo y la despenalización en los casos de violación.

En la revisión del EPU de Costa Rica en septiembre de 2014, el Estado recibió seis recomendaciones relacionadas con el acceso a los servicios de salud y aborto. De estas recomendaciones, cinco países, incluyendo Bélgica, Suiza, Francia, Islandia y Noruega, solicitaron a Costa Rica garantizar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva sin ningún tipo de discriminación y despenalizar el aborto, particularmente en los casos de embarazo producto de violación o incesto. En respuesta a la solicitud de los cinco Estados, Costa Rica “tomó nota” de las recomendaciones y argumentó que las observaciones planteadas en materia de aborto, “van más allá de lo que la legislación vigente contempla en materia de aborto, por lo que su análisis involucra a poderes del Estado, como el Poder Legislativo”.

En Costa Rica las mujeres enfrentan barreras para acceder a los servicios de salud reproductiva. En particular, en los casos de Aurora y A.N., quienes fueron  obligadas a continuar con el embarazo con malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, a pesar que la ley permite el aborto en los casos donde el embarazo genere un riesgo a la salud de la mujer. Estos casos fueron presentados por el Centro de Derechos Reproductivos y la “Colectiva por el Derecho a Decidir” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y actualmente se encuentran pendiente de resolución. Costa Rica aún no ha creado un protocolo de atención para interrumpir el embarazo tanto en casos de riesgo para la vida, como para la salud física y mental de la mujer. Del mismo modo, a pesar que la Corte IDH estableció que a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, Costa Rica viola los derechos humanos de las personas infértiles al prohibir la FIV, las parejas infértiles aún no pueden acceder a servicios de salud reproductiva sin discriminación.