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Gobierno de Ecuador no asiste a la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre violencia sexual en las escuelas

(COMUNICADO DE PRENSA) El gobierno ecuatoriano se mantiene en silencio frente a los altos índices de violencia sexual en las escuelas, y no asiste a una importante audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) esta semana.

La CIDH,  un organismo internacional principal de protección y promoción de derechos humanos en las Américas y que hace parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), llevó a cabo la audiencia pública sobre el caso de Paola del Rosario Guzmán Albarracín, una adolescente que fue abusada sexualmente por el Vice-Rector de una escuela pública. Posteriormente, Paola se suicidó en el año 2002 al descubrir que se encontraba embarazada. Pese a los hechos, representantes del gobierno ecuatoriano no estuvieron presentes en la audiencia.

Petita Albarracin, la madre de Paola, testificó ante la Comisión junto con representantes del Centro de Derechos Reproductivos, el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) y Ximena Cortes Castillo, perita independiente en psicología.

Catalina Martinez, Directora Regional Encargada para el Programa de América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos afirmó:

“La única preocupación de las adolescentes durante la escuela deben ser sus estudios, no el miedo de ser agredidas sexualmente por sus profesores o los directores de la institución”.

"El dolor y el sufrimiento que Paola y su madre han soportado es devastador. La Comisión Interamericana debe hacer responsable al Estado Ecuatoriano por no tomar medidas en el caso de Paola, ni en los otros casos que existen de adolescentes sobrevivientes de abuso sexual".

Pese a que el Estado ecuatoriano no asistió a la audiencia, en todo caso, la Comisión se pronunciará  sobre el fondo del caso una vez analice el testimonio presentado por Petita, la señora Cortés Castillo, y los abogados y abogadas del Centro de Derechos Reproductivos y CEPAM. La respuesta de la Comisión en este caso será crucial, pues determinará la responsabilidad del gobierno ecuatoriano sobre los hechos, y las medidas que el Estado deberá tomar para remediar el daño generado a Paola y su familia; así como las medidas necesarias para prevenir la violencia sexual en las escuelas.

Cuando Paola del Rosario Guzmán Albarracín tenía 16 años, solicitó ayuda académica del Vice-Rector, quien a cambio de su ayuda escolar, le pidió a cambio tener una cita con él. Esto marcó el inicio de más de un año en el que el Vice-Rector de la institución acosó sexualmente a Paola y abusó de ella en reiteradas ocasiones. A finales de noviembre de 2002, Paola descubrió que estaba embarazada, y después de que ella le contara sobre su estado de salud al Vice-Rector, éste la presionó para que se practicara un aborto ilegal con la ayuda del médico de la escuela, quien también condicionó su ayuda a cambio de favores sexuales.

Sin saber a quién más recurrir, el 12 de diciembre 2002 Paola ingirió de manera intencional fósforo blanco en su camino a la escuela. Cuando sus compañeras de la escuela descubrieron lo que había sucedido, éstas la llevaron a la enfermería de la escuela, donde los mismos funcionarios de la escuela que abusaron y acosaron sexualmente de Paola, ​​se negaron a prestar la ayuda médica urgente que necesitaba, e incluso se negaron a notificar el estado de salud de Paola a sus padres. Las compañeras de Paola finalmente contactaron a su madre, Petita, quien inmediatamente llevó a Paola a un hospital. Pese a que Petita logró llevar a Paola al hospital, para ese momento ya era demasiado tarde, lo que generó que Paola muriera poco tiempo después del incidente.

La familia de Paola denunció al Vice-Rector de la escuela por cargos de acoso sexual, violación, e inducción al suicidio, con la intención que se llevara a cabo algún tipo de acción disciplinaria y civil contra él. El Estado ecuatoriano no produjo resultados en ninguna de las acciones legales que fueron iniciadas, y en el 2008, después de casi seis años desde los hechos, el tribunal penal desestimó su caso, dejando los crímenes del caso impune. A la fecha, tanto el Vice-Rector, como el doctor escuela que estaba a cargo de la prestación de servicios de salud en aquel entonces y los demás responsables, se encuentran libres e impunes ante la ley.

"Todo lo que quiero es justicia, justicia para mi Paola", afirmó Petita Albarracín, madre de Paola.

El Centro de Derechos Reproductivos y CEPAM Guayaquil presentaron el caso de Paola Guzmán Albarracín v. Ecuador ante la CIDH en septiembre del 2006. En este caso, las organizaciones solicitaron a la Comisión que declare la responsabilidad del Estado ecuatoriano por el incumplimiento de su deber estatal de enfrentar la situación de violencia sexual en las escuelas, y que diariamente afectan a niñas y adolescentes en el país. Asimismo, las organizaciones solicitaron facilitar el acceso a la justicia para los sobrevivientes de abusos sexuales en el país.

La violencia sexual constituye una forma de discriminación y una violación a los derechos humanos. Una de cada tres mujeres en el mundo es víctima de violencia sexual. En Ecuador, 905 casos relacionados con delitos sexuales en las escuelas se registraron entre  el 2013 y 2014. En el 2014 únicamente, 961 niñas menores de 14 años denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales.

A pesar de la situación generalizada de abuso sexual en las instituciones educativas en Ecuador, y el sub-registro de la situación, la mayoría de los responsables nunca son castigados. En el 2013, menos del 6% de los delitos sexuales reportados fueron investigados en el país. En esta audiencia, no solo el caso de Paola fue abordado, sino también la serie de obstáculos estructurales que han permitido que la violencia sexual en las instituciones educativas se repita.

"Seguiremos defendido los derechos humanos de las mujeres, de modo que un día llegaremos a vivir en una sociedad donde no exista violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas", dijo Lita Martínez, coordinador institucional de CEPAM Guayaquil. "Los estereotipos que han permitido que la violencia sexual exista en las escuelas sin impunidad, debe parar. Necesitamos que la Comisión Interamericana realice un llamado al gobierno ecuatoriano para castigar a los responsables y se protejan a las víctimas sobrevivientes de estos abusos sexuales" afirmó.