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Gobierno peruano ofrece reparaciones individuales como parte de una decisión histórica de las Naciones Unidas sobre el aborto

(COMUNICADO DE PRENSA) El Gobierno Peruano ha acordado efectuar el pago de las reparaciones individuales a favor de K.L. como parte del cumplimiento de la primera decisión de las Naciones Unidas sobre violaciones a los derechos humanos por restringir el aborto.

Casi una década después de que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declarara que la negación del acceso al aborto legal es una vulneración a los derechos humanos de las mujeres en Perú, finalmente, el gobierno completará el pago de las reparaciones a K.L.; una mujer que fue obligada a continuar un embarazo de un feto con malformaciones severas que puso en grave peligro su salud física y mental; lo anterior pese a que en Perú el aborto sea legal en estos casos.

El Centro de Derechos Reproductivos junto con DEMUS - Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), llevaron el caso ante el Comité de Derechos Humanos y trabajaron en la implementación de la decisión. Esto marca el primer momento en la historia mundial en que un cuerpo de monitoreo internacional de derechos humanos hace responsable a un Estado por no proveer el acceso legal y seguro al aborto.

Catalina Martínez Coral, Directora Regional Encargada para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos afirmó:

“Denegar el derecho al aborto a una mujer cuando su vida o su salud se encuentran en peligro es una forma de trato inhumano, cruel y degradante, así como una grave vulneración a los derechos humanos”.

“A K.L. le fue denegado el tratamiento médico que era requerido para su protección en el momento en que ella más lo necesitaba. Su vida fue puesta en peligro innecesariamente, situación que la llevó a sufrir largas y duraderas consecuencias negativas en su salud, física y mental”.

“El Gobierno Peruano ha tomado un paso importante al cumplir con la decisión de las Naciones Unidas. Sin embargo este trabajo aún no ha terminado. Es el momento de que Perú implemente guías y continúe trabajando para garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud reproductiva para todas la mujeres y niñas en el país”.

En 2001, una adolescente de 17 de años, conocida como K.L., tenía catorce semanas de embarazo cuando médicos en un hospital público en Lima, Perú, le diagnosticaron una anencefalia en el feto, una deficiencia en la que el feto carece de la mayoría o totalidad del prosencéfalo. Tras un largo proceso de deliberación personal, K.L. decidió terminar su embarazo. En Perú el aborto es permitido para salvaguardar la salud de la mujer, sin embargo debido a que Perú no cumplió con su obligación de implementar guías y regulaciones claras respecto a la legalidad del procedimiento, el director del hospital. K.L. le negó la provisión del servicio. Posteriormente K.L. fue obligada a continuar con el embarazo y ha amamantar al feto por los cuatro días en que sobrevivió.

El Centro, DEMUS y CLADEM hicieron él envió de una petición en representación de K.L. ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en noviembre de 2002, siendo éste el primer caso sobre aborto llevado ante un organismo internacional de derechos humanos. El Comité declaró al Estado responsable por la vulneración a los derechos humanos de K.L. y le ordenó el pago de reparaciones individuales y la implementación de medidas generales de reparación para garantizar el acceso legal y seguro al aborto. La decisión reconoce violaciones al derecho a ser libre de todo trato cruel, inhumano y degradante, a la privacidad y la protección reforzada que recae sobre los menores de edad.

María Ysabel Cedano, Directora de DEMUS afirmó:

“Es un hito histórico que el Estado cumpla con el dictamen del caso K.L. después de 10 años de incidencia y con la implementación de diversas estrategias para este logro, reconociendo que estos dictámenes son de obligatorio cumplimiento”.

“Esto es una ratificación al reconocimiento del derecho de las mujeres al aborto terapéutico, su violación conlleva la obligación estatal de reparar a quien se le deniegue este derecho”.

Elba Núñez, Coordinadora Regional de CLADEM afirmó:

“Negar la provisión del servicio de este tipo de aborto constituye una violación al derecho a no ser sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes, y al derecho a un recurso efectivo, por ello copeticionamos este caso”.

“Los pasos dados por Perú para dar cumplimiento al dictamen, establecen un precedente clave que debe afianzarse en la reafirmación de la obligación y el compromiso del Estado en adoptar medidas de no repetición, tales como el protocolo de atención del aborto terapéutico en 2014, a ello se suma difusión oficial del dictamen y queda pendiente la implementación del protocolo en todos los hospitales del país, para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro”.

Los cuerpos de monitoreo de tratados de las Naciones Unidas se han manifestado reiteradamente sobre la negación del derecho al acceso al aborto legal en Perú. En el 2011, el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) condenó también al Estado por vulnerar los derechos de L.C., una adolescente a la que le fue denegado el acceso al aborto. El Comité CEDAW recomendó a Perú reformar sus leyes restrictivas para permitir el aborto en los casos de violación, así como garantizar el acceso al servicio en los casos en que la vida de la mujer estuviese en peligro – casos en los que el aborto ya se encuentra permitido por la ley en el país.

Desde la decisión del Comité de Derechos Humanos en el 2005, el Gobierno Peruano ha tomado algunos pasos para implementar esta decisión de Naciones Unidas. Entre estos, la adopción en de la guía para proveer el acceso seguro al aborto terapéutico el 2014, lo cual permitiría mayor conocimiento del procedimiento entre médicos y pacientes en el país.

“Los desafíos de la implementación del protocolo se evidencian cuando según el Ministerio de Salud sólo se han practicado 16 abortos terapéuticos a nivel nacional desde la aprobación de la guía. Aún persiste un sub-registro de la tasa de abortos en el país, y existe la sospecha de una vulneración de derechos que esperamos que el Ministerio aclare”, agregó Cedano de DEMUS.

El 17 de noviembre de 2015 el gobierno peruano firmó un acuerdo para completar la implementación de la decisión y pagar la indemnización a K.L. Además de la reparación económica, el Estado de Perú publicará la decisión del Comité de Derechos Humanos en uno de sus periódicos principales, “El Peruano”.

En el 2012 un estudio de la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Guttmacher comprobó que las leyes que prohíben el aborto no tienen ninguna relación con menores tasas de registro de aborto. En el 2009, de acuerdo con el estudio en América Latina, una región donde el aborto se encuentra altamente restringido en varios países,  se descubrió que la tasa de aborto fue de 32 entre cada 1,000 mujeres en edad gestacional, mientras en Europa occidental, donde el aborto se encuentra permitido mayoritariamente, la tasa fue de 12 abortos entre cada 1,000 mujeres.