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Cicatrices del Engaño: ¿Dónde está la justicia para las mujeres esterilizadas forzadamente en Perú durante el gobierno de Fujimori?

En octubre de 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó el acuerdo amistoso en el caso de María Mamérita Mestanza vs. Perú, una de las miles de mujeres esterilizadas de manera forzada en Perú. Debido a complicaciones por la mala calidad del procedimiento y atención, su salud se deterioró y murió unos días después.

En este acuerdo, el Estado de Perú se comprometió a investigar y sancionar a los responsables de las esterilizaciones forzadas, así como reparar de manera integral a la familia de Mestanza. Luego de 16 años de la muerte de Mestanza en la Provincia de Cajamarca, aún no se han identificado ni sancionado a los responsables.

Este documental, Cicatrices del Engaño, da voz a las mujeres de las zonas de Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Piura, quienes fueron esterilizadas de manera forzada en la década de los noventa. El caso de Mestanza y de otras miles de mujeres, reflejan un patrón sistemático de violaciones graves y masivas a los derechos humanos.

El plan de esterilizaciones hacía parte de la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar durante el gobierno de Alberto Fujimori. Las esterilizaciones forzadas se utilizaban como una práctica sistemática aplicada por el Estado para controlar la reproducción de las mujeres pobres, indígenas y de zonas rurales.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Perú, cerca de 350.000 mujeres y 25.000 hombres fueron esterilizados durante el período 1996-2000, bajo una política de control poblacional para enfrentar la pobreza en el país.

En los últimos meses el Centro de Derechos Reproductivos (CDR), el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación por los Derechos Humanos (APRODEH) han llevado a cabo varias reuniones con las autoridades del Estado peruano y de la CIDH, para informar sobre el continuo incumplimiento del Estado en cuanto a su obligación de investigar en un plazo razonable y con la debida diligencia los hechos de esterilización forzada ocurridos en contra de Mestanza y otras miles de mujeres, así como de adoptar e implementar medidas de no repetición. ¿Cuánto tiempo más debe esperar la familia de Mestanza y de las miles de mujeres afectadas a que llegue la justicia? .