Tribunal Salvadoreño Niega Libertad a Mujer Injustamente Encarcelada

(COMUNICADO DE PRENSA) El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador negó liberar mujer salvadoreña injustamente encarcelada luego de sufrir una emergencia obstétrica.

El Tribunal Segundo confirmó su injusta sentencia. Por ahora, Teodora continuará en prisión hasta el 2038.

Durante casi 20 años, El Salvador ha criminalizado el aborto en todas las circunstancias -incluso cuando es necesario para salvar la vida de la mujer -imponiendo duras penas criminales tanto a las mujeres como al personal de salud. La prohibición ha resultado en el encarcelamiento de innumerables mujeres que han sufrido abortos espontáneos y complicaciones relacionadas con el embarazo, quienes luego son acusadas de terminar su embarazo y son injustamente condenadas por homicidio.

Catalina Martínez Coral, Directora Regional para América Latina y el Caribe en el Centro, mencionó:

"Teodora nunca cometió un delito. La decisión del Tribunal salvadoreño es otra injusticia contra ella.

"El Tribunal salvadoreño está perpetuando el enjuiciamiento penal de las mujeres que sufren complicaciones durante el embarazo, negándoles sus derechos, su dignidad y su libertad.

"Las leyes contra el aborto en El Salvador criminalizan y encarcelan injustamente a las mujeres. Hoy el Tribunal salvadoreño optó por negar a Teodora su debido proceso".

En julio del 2007, cuando se encontraba en su trabajo con nueve meses de embarazo, Teodora sintió un terrible dolor y solicitó atención médica. Antes de que el personal de salud llegara, Teodora empezó a sangrar, se desmayó y sufrió una emergencia obstétrica. La policía inmediatamente sospecho que ella intentó terminar su embarazo y fue puesta en prisión, separándola de su hijo de tres años.

Durante su caso, hubo múltiples violaciones al debido proceso, incluida la falta de una defensa legal adecuada. Como resultado, Teodora fue sentenciada a 30 años de prisión en el 2008 por homicidio agravado.

En octubre de 2016, un grupo de congresistas propusieron una enmienda al Código Penal que, de ser aprobada, despenalizaría el aborto cuando el embarazo ponga en riesgo la salud o vida de la mujer, o cuando el embarazo sea producto de violencia sexual. En agosto del 2017, otro congresista propuso una enmienda similar al Código Penal. Ambas propuestas han recibido el apoyo de la Alianza por la Salud y la Vida de Las Mujeres—una coalición de más de 30 organizaciones defensoras de derechos humanos, incluyendo la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Ambas enmiendas están esperando ser votadas por la Comisión Salvadoreña de Legislación y Cuestiones Constitucionales antes de llegar al Congreso para su discusión y votación final.

En diciembre del 2014, una coalición de organizaciones sociales a nivel nacional e internacional liderada por la Agrupación Ciudadana y el Centro, lanzó la campaña "Las17" por la liberación de 17 mujeres salvadoreñas que sufrieron emergencias obstétricas, fueron acusadas de cometer abortos ilegales y condenadas por homicidio agravado. "Mirna", una de "Las 17", fue liberada en diciembre del 2014, después de cumplir su condena antes de que su perdón pudiera ser finalizado. En febrero del 2015, después de cumplir siete años de prisión, Guadalupe recibió indulto y fue liberada. En mayo del 2016, María Teresa fue liberada después de que un juez dictaminara que hubo violaciones al debido proceso en su caso. Y en febrero del 2017 Sonia Tábora obtuvo su libertad permanente. Las mujeres restantes están actualmente cumpliendo condenas de 30 a 40 años por crímenes que nunca cometieron.

El Centro de Derechos Reproductivos ha trabajado para evidenciar las consecuencias que la prohibición total del aborto en El Salvador impone en las vidas de las mujeres. El Centro, junto con la Agrupación Ciudadana, ha presentado dos casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -el órgano internacional de derechos humanos más importante en la región- en nombre de mujeres que han sido encarceladas debido a la estricta prohibición del aborto. El primer caso es el de Manuela, una mujer injustamente condenada a prisión que murió tras las rejas luego de que se le diagnosticara un linfoma de Hodgkin del cual no recibió tratamiento médico. En abril del 2017, la CIDH anunció la admisibilidad de esta petición. El segundo caso fue peticionado en diciembre del 2015, en nombre de nueve mujeres encarceladas que tuvieron serias complicaciones durante sus embarazos. Este caso está a la espera de la decisión de admisibilidad de la CIDH.

 

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